REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 23/11/2015
Puerto de las Palmas.
"Liberalización o Secesión".
Enrique Arraiz.
El Puerto de Las Palmas, desde diciembre de 2014, ha sentado un precedente en la historia de la actividad portuaria en nuestro país, la declaración de “guerra” abierta del Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas contra su máximo órgano jerárquico, Puertos del Estado.
Valorando la sucesión de acontecimientos, no se trata de hechos aislados, fortuitos o puntuales; el conflicto del Puerto de La Luz y de Las Palmas tiene sus orígenes en los años 90 y afecta a todos los estamentos de la comunidad portuaria canaria.
La falta de financiación para ejecutar obras de infraestructuras supuestamente para ampliar la capacidad del puerto, ha sido la gota que colmó el vaso, sublevando al empresariado canario y políticos de la provincia, contra el Presidente de Puertos del Estado, José Llorca.
El enfrentamiento entre las provincias de Las Palmas y Tenerife se ha recrudecido a causa del supuesto “desequilibrio” sobre los fondos destinados a infraestructuras, ¿el motivo? África como negocio emergente donde Canarias de postula como plataforma de intercambio.
El Presidente de ésta autonomía Fernando Clavijo, se ha posicionado claramente en favor de Tenerife y su tejido empresarial portuario llegando incluso hasta las puertas de Bruselas en busca de financiación para su provincia.
Ahora que en FOMENTO se habla de liberar las Autoridades Portuarias para convertirlas en órganos independientes de gestión y control; Las Palmas no ha desaprovechado la oportunidad de adelantarse a los acontecimientos, negociando con las grandes empresas del sector a cambio de inversiones.
Sin embargo, el Puerto de Las Palmas arrastra una pesada lápida desde hace años, la mala gestión que afecta a toda la comunidad portuaria canaria y su desmesurada deuda, que a día de hoy desfila por los tribunales canarios.
Asombroso es el parecido con Cataluña y su secesionismo; Ibarra quiere desconectar de Madrid y evitar el control. Para ello, se ha ideado una estrategia que permita maquillar la situación de conflictividad generalizada en el puerto para ser más atractivo ante los inversores privados como MSC o Roll Royce.
Retrocediendo en el tiempo, el puerto de Las Palmas ha sido siempre un instrumento de poder a través de los 25 componentes del Consejo de administración de la Autoridad Portuaria (hoy 18); políticos, sindicalistas, empresarios, confabulan por una parcela de poder a través de la AAPP.
Nada ha sido casual en la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El enfrentamiento de los accionistas de la SAGEP ante los tribunales; una transformación de la antigua SESTIBA en una sociedad mercantil de capital privado casi fraudulenta; la reclamación de la deuda histórica que supera los 24 millones de euros; la pugna por el control del suelo portuario, es entre otros, muchos de los cadáveres que arrastra el Puerto de Las Palmas.
No cabe duda que todo estaba pactado. Por un lado, Luis Ibarra ya conocía desde 2013 que no habría financiación para ampliaciones, también lo sabían los anteriores Presidentes. Se ideó un plan alquimista que permitiera hacer de la mala situación financiera del puerto, un maravilloso atractivo inversor.
Se retiraron denuncias cruzadas entre empresarios, socios y patronales portuarias, todo a bombo y platillo. Se bajó el tono de conflictividad por parte de los estibadores. Se tendieron puentes (de cerillas) para promover el aumento de la productividad. Pero Llorca, Presidente del Ente Público que los dirige, conoce la idiosincrasia de los canarios.
Así tenemos que ASEP (Asociación Sindical de Estibadores Portuarios), un sindicato, constituye empresas para hacerse con la gestión de la actividad portuaria de segundo nivel, transporte horizontal, vigilancia y operativas portuarias, hace dos años. Se lleva el negocio de la formación portuaria a África y con dinero de Europa, modelo de formación portuario que ya no cuaja en ninguna parte.
Un histórico de éste puerto, Javier Esquivel, abandona el buque insignia, OPCSA para dedicarse al OFFSHORE. Y por último, los socios de SAGEP como La Luz Market o Boluda, no se oponen a los acuerdos entre SAGEP y MSC que concede privilegios a éste último, precisamente prohibidos o limitados por ley y por el IV Acuerdo Marco para la Estiba.
Ahora se sabe el por qué. La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha aprobado concesiones de suelo público a ciertos empresarios “portuarios” con la finalidad de premiar su apoyo de facto, a los acuerdos con MSC.
Pero todo tiene un límite, la legalidad. En ese sentido, Puertos del Estado vigila sigilosamente a todo aquel que supera ciertos límites y el Puerto de Las Palmas ha superado todos. Por esa causa y desde un amplio sector portuario y político canario, se intentan agazapar a Luis Ibarra contra de Llorca, parodiando a Artur Mas en su intento de desconexión con España.
No puedo hablar por otros puertos pero si conozco la historia del mío, el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Para alguien como yo, estibador portuario acreditado y formador, enzarzado en una lucha sin sentido por acreditarme en éste país durante 8 años, de la mano con la Comisión Europea, contra la Administración española; abandonado por quienes dicen ser los defensores de los trabajadores, los sindicatos; ignorado por las empresas portuarias que codician a profesionales acreditados; de todo esto, deduzco que solo se pretende un cambio de imagen ante la sociedad, no de sistema.
Mantener el oligopolio empresarial y sindical consiste en el control sobre la actividad portuaria por parte de algunos empresarios y sindicatos como así lo interpreta la Comisión Europea desde 2009 en su dictamen motivado que dio lugar a la sentencia de Luxemburgo.
La próxima primavera, será clave para la estiba en nuestro país. Por un lado, la Comisión Europea espera los primeros indicios de cambios; por otra, se verá hasta qué punto tenían de cierto las bondades de los acuerdos firmados entre MSC y SAGEP Las Palmas y la influencia de Luis Ibarra en la misma.
Difícil lo tienen con un futuro gobierno entre PP-C’s con José Manuel Soria a la cabeza de Fomento, enemigo público de Canarias y del Puerto de Las Palmas, según los nacionalistas canarios y el propio Ibarra.
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